Toda la información recolectada por el INE en sus pruebas operativas y el Censo mismo está protegida por secreto estadístico y es tratada con absoluta confidencialidad, lo que está estipulado en la ley 17.374.
Esto significa que ninguno de sus funcionarios/as o colaboradores/as puede entregar información a un organismo público o privado, ni hacer referencia a una persona determinada, es decir, está prohibido difundir o compartir, el nombre, domicilio, ocupación y cualquier otro dato específico de la persona que responde. Hacerlo es un delito y está penado por ley (artículo 247, del Código Penal).